El Consejo de Ministros aprobó en junio de 2024 el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales. Desde entonces la norma ha seguido su trámite: el Congreso de los Diputados dio luz verde a su tramitación el 10 de septiembre de 2025, tras rechazar la enmienda a la totalidad de Vox, y el texto sigue en fase de enmiendas antes de pasar al Senado y publicarse en el Boletin Oficial del Estado.
Control parental obligatorio y gratuito de fábrica
La medida que más afecta al día a día de las familias es la obligación, para fabricantes de móviles, tabletas, ordenadores y televisores inteligentes, de incluir en el sistema operativo un control parental activado por defecto desde la configuración inicial del dispositivo, sin coste añadido. Hasta ahora esta función dependía de que cada familia la buscara y activara.
Junto al control parental, el proyecto sube de 14 a 16 años la edad mínima para registrarse en redes sociales sin autorización de los padres, obliga a verificar la edad real de quien se da de alta y crea un sistema de etiquetado que advierte sobre contenidos no aptos para menores. También tipifica como delito los deepfakes de contenido sexual y facilitar pornografía a menores.
Por qué llega esta ley
El propio Ministerio de Juventud e Infancia sitúa en 11 años la edad media a la que un menor recibe su primer móvil en España, y cerca de la mitad de los padres reconoce usar ya alguna aplicación de control parental, según datos citados por el propio Gobierno. Herramientas como Google Family Link, Apple Tiempo de Uso o Qustodio, recomendadas por la Organización de Consumidores y Usuarios, llevan años cubriendo ese hueco, pero de forma voluntaria y desigual según la marca del dispositivo.
Ahí está la diferencia real que trae la ley: en Android puedes limitar hoy el tiempo de pantalla y fijar una hora de «dormir» para el dispositivo, y en iOS puedes bloquear compras dentro de apps y filtrar automáticamente contenido para adultos en Safari, pero todo depende de que el padre o la madre entre a configurarlo. Con la norma en marcha, ese primer filtro vendrá activado de serie, y será la familia quien decida relajarlo si lo considera oportuno.
Qué falta para que entre en vigor
El texto, tal y como recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales, todavía debe superar el debate de enmiendas en el Congreso, el paso por el Senado y la publicación definitiva en el BOE, así que ni fabricantes ni familias tienen todavía una fecha de entrada en vigor. Mientras dura la tramitación, la recomendación de la OCU y del propio Ministerio sigue siendo activar ya el control parental que trae cada sistema operativo, sin esperar a que la ley obligue a ello.
Si quieres ir un paso por delante mientras el proyecto avanza, en nuestra guía de seguridad en redes sociales para padres explicamos cómo configurar cada control disponible ahora mismo, y en el artículo sobre cómo proteger a los menores del grooming detallamos las señales de alerta que ningún control parental detecta por sí solo.
Preguntas frecuentes
¿La ley ya está en vigor?
No. A julio de 2026 sigue en trámite parlamentario, pendiente de superar el Congreso y el Senado antes de su publicación en el BOE.
¿Qué dispositivos tendrán que incluir control parental?
Móviles, tabletas, ordenadores y televisores inteligentes con acceso a internet que se vendan en España, según el texto aprobado por el Consejo de Ministros.
¿Puedo activar el control parental antes de que la ley entre en vigor?
Sí. Google Family Link, Apple Tiempo de Uso y aplicaciones como Qustodio ya permiten limitar tiempo de pantalla, filtrar contenido y bloquear compras dentro de apps sin esperar a la nueva norma.
¿Desde qué edad podrán los menores registrarse en redes sociales?
El proyecto de ley eleva de 14 a 16 años la edad mínima para darse de alta sin autorización paterna, frente a los 14 años que fija hoy la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos.
¿Qué pasa si un fabricante no incluye el control parental obligatorio?
El proyecto contempla un régimen sancionador para fabricantes que incumplan la obligación, aunque las cuantías exactas dependen del texto que finalmente apruebe el Senado.
