El Gobierno crea los centros de interés nacional para la soberanía científica

Imagen del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre el Real Decreto-ley de soberanía científica y tecnológica

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para reforzar la soberanía científica y tecnológica de España, según informó el 20 de noviembre de 2026 el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La norma, impulsada junto al Ministerio de Hacienda, crea la figura de Centros de Interés Nacional para la Soberanía Científica y Tecnológica, con un máximo inicial de 20 centros públicos, y cambia reglas de contratación, retribución y movilidad del personal investigador en todo el sistema público de I+D+I.

Las claves del Real Decreto-ley de soberanía científica en 20 segundos

  • Hasta 20 centros públicos tendrán un estatus especial en diez áreas, como IA, semiconductores o cuántica.
  • Más flexibilidad para contratar y pagar a investigadores en sus líneas estratégicas.
  • La bonificación mensual de los contratos predoctorales en empresas sube de 115 a 200 euros.
  • El Barcelona Supercomputing Center será una fundación pública.

Al tratarse de un real decreto-ley, la norma entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero el Congreso debe convalidarla en los 30 días siguientes. El ministerio ha difundido un resumen de las medidas; el texto completo, con los requisitos y plazos exactos, será el que publique el BOE.

Qué centros podrán ser de interés nacional

Podrán optar a la nueva figura los consorcios y fundaciones públicas, además de las entidades públicas acreditadas como Centros Severo Ochoa o Unidades María de Maeztu, los dos sellos de excelencia investigadora del Estado. La condición es que desarrollen investigación de alto impacto vinculada a la soberanía tecnológica en alguna de estas diez áreas:

  • Semiconductores avanzados.
  • Inteligencia artificial.
  • Tecnologías cuánticas.
  • Biotecnologías.
  • Conectividad, navegación y tecnologías digitales avanzadas.
  • Tecnologías avanzadas de detección.
  • Tecnologías espaciales y de propulsión.
  • Tecnologías energéticas.
  • Robótica y sistemas autónomos.
  • Materiales, fabricación y reciclado avanzados.

El estatus se concederá por cinco años, renovables una vez, con un máximo de diez. Lo evaluará y aprobará una Comisión Interministerial de 14 ministerios, presidida por Ciencia y con cuatro vicepresidencias (Defensa, Transformación Digital, Industria y Economía), siempre con acuerdo previo del Consejo de Ministros. El ministerio no ha detallado todavía qué centros concretos aspiran a la designación.

En las líneas de investigación seleccionadas, estos centros podrán contratar personal con más flexibilidad y con salarios competitivos, comprar equipos, suministros y servicios con procedimientos más rápidos, simplificar la justificación de gastos, firmar convenios con mayor agilidad, transferir resultados a terceros y crear sociedades mercantiles o participar en ellas.

Cambios para investigadores, doctorandos y personal técnico

Buena parte del decreto afecta a todo el sistema público de I+D+I, no solo a los futuros centros de interés nacional. Para el personal, el ministerio enumera estas medidas:

  • Retribuciones más altas para investigadores distinguidos cuando se paguen con financiación externa.
  • Reglas más claras de movilidad y de doble adscripción entre centros.
  • Más compatibilidad con la actividad docente y asistencial para el personal investigador de los centros públicos.
  • Vías de promoción interna para el personal técnico.
  • Mejores condiciones para quienes ocupan puestos de dirección.
  • Desaparecen las autorizaciones previas para los contratos predoctorales y posdoctorales cofinanciados con fondos externos.

Los investigadores y sus grupos podrán contratar con entidades públicas y privadas para comercializar sus resultados, y los centros públicos de investigación podrán hacer trabajos científicos y formación para empresas. El decreto también simplifica la firma y renovación de convenios, permite que los organismos públicos de investigación (OPI) actúen como medios propios de la Administración, regula las estructuras mixtas de investigación entre el Estado y las comunidades autónomas y autoriza a los ayuntamientos a crear bancos de pruebas para proyectos innovadores.

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Para quienes hacen el doctorado en una empresa, la bonificación mensual de los contratos predoctorales pasa de 115 a 200 euros y se aplica durante todo el periodo de doctorado en la compañía. Las bonificaciones a la Seguridad Social del personal indefinido dedicado en exclusiva a I+D o innovación tecnológica se extienden de tres a cinco años.

El BSC y los incentivos fiscales a la innovación

El Barcelona Supercomputing Center (BSC) pasará a ser una fundación pública adscrita a la Administración General del Estado, con más autonomía de gestión, y podrá crear una empresa para comercializar los resultados de su investigación. Se mantiene el reparto actual de la financiación entre las tres instituciones que participan en él.

En el terreno fiscal, la deducción por innovación tecnológica sube del 12 % al 15 % en los supuestos previstos, y el límite anual para monetizar directamente estas deducciones pasa de 1 a 3 millones de euros para empresas que todavía no tienen beneficios pero sí actividad de innovación certificada. También se reescriben algunos apartados de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para dar más seguridad jurídica.

La ministra Diana Morant defendió que el objetivo es que «nuestros centros públicos de investigación puedan acelerar el desarrollo de tecnologías críticas» y sostuvo que «la soberanía tecnológica también se construye desde la ciencia pública». Según el ministerio, Morant añadió que el liderazgo en ciencia y tecnología determina cada vez más la capacidad de los países para decidir su futuro. El decreto llega seis meses después de que el Gobierno aprobara, en mayo, la Estrategia Deep Tech España, que prevé movilizar más de 8.000 millones de euros hasta 2030.

El comunicado no cuantifica el coste de las medidas fiscales ni la financiación que recibirán los centros de interés nacional, ni concreta los criterios de evaluación que aplicará la comisión.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un Centro de Interés Nacional para la Soberanía Científica y Tecnológica?

Es un estatus especial para centros públicos que investigan en tecnologías estratégicas. Les da más flexibilidad para contratar, comprar, firmar convenios y transferir resultados en sus líneas seleccionadas.

¿Cuántos centros podrán obtenerlo?

Un máximo inicial de 20, por cinco años renovables una vez. Pueden optar consorcios y fundaciones públicas y entidades con acreditación Severo Ochoa o María de Maeztu.

¿Qué cambia para los doctorandos en empresas?

La bonificación mensual de los contratos predoctorales sube de 115 a 200 euros durante todo el doctorado en la empresa.

¿Está ya en vigor?

Un real decreto-ley entra en vigor al publicarse en el BOE, pero el Congreso debe convalidarlo en un plazo de 30 días.

Fuentes: