En un mundo donde la movilidad avanza a pasos agigantados, resulta sorprendente que la movilidad escolar evolucione a un ritmo considerablemente más lento y, lo que es más preocupante, que no se integre en la planificación de las futuras smart cities.
Este estancamiento se debe, en gran medida, a la falta de coordinación entre los agentes clave, incluyendo ministerios, consejerías de educación, ayuntamientos, DGT, policías, centros escolares, estudiantes, AMPAs, padres, asociaciones vecinales, empresas, entre otros. Además, no cuentan con una visión global de la normativa y soluciones que les aplican. Así lo han constatado los expertos reunidos en el Think Tank EMS sobre ‘Movilidad escolar: ¿Una asignatura pendiente?’ que Empresas por la Movilidad Sostenible ha celebrado junto a Matawan, y que ha identificado más de 20 barreras que frenan el desarrollo de dicha movilidad educativa y ha planteado más de 30 propuestas de solución para su impulso, que se han recogido en un White Paper.
Uno de los principales puntos de atención en este contexto es la necesidad de ampliar el concepto de movilidad escolar para incluir no solo a los escolares y sus familias, sino también a docentes y personal administrativo y de servicios en todos los centros educativos, desde la etapa infantil hasta las universidades y escuelas de negocio. Esto es esencial para una gestión eficiente de la movilidad educativa.
Además, se ha enfatizado la importancia de integrar la movilidad educativa en la estrategia política y administrativa del país, ya que tiene un impacto significativo en la movilidad laboral y en las ciudades, entornos interurbanos y rurales. Esto debe ir acompañado de normativas que brinden seguridad jurídica y apoyo presupuestario a largo plazo.
La tecnología juega un papel crucial en este contexto. La digitalización de los servicios de movilidad educativa puede proporcionar información en tiempo real, mejorando la vida de las familias y la seguridad de los estudiantes. Además, permite la optimización de rutas, la mejora de la calidad del servicio y la reducción de costos. También ayuda a evitar riesgos de incumplimiento de la ley relativa a la protección de datos al evitar el tratamiento analógico de la información de los estudiantes.
Otra propuesta interesante es convertir los entornos escolares en ‘zonas de especial sensibilidad’ dentro de las Zonas de Bajas Emisiones, lo que aceleraría la implementación de la movilidad sostenible y segura en los centros educativos y permitiría que las medidas adoptadas opten a financiamiento.
La movilidad escolar es un aspecto crítico que merece una atención renovada y una planificación estratégica dentro del contexto de las ciudades inteligentes. La coordinación entre los diferentes actores, la inversión en tecnología y la consideración de soluciones innovadoras son pasos clave para superar los desafíos y mejorar la movilidad educativa en beneficio de estudiantes y comunidades.
